La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es un documento aprobado por el Congreso de los Diputados en 2002 que recoge un catálogo fundamental de derechos para los usuarios del sistema judicial en España. Su finalidad principal es garantizar una justicia moderna, abierta, transparente y responsable ante los ciudadanos, asegurando tanto la información, atención y accesibilidad, como la tutela de los colectivos más desprotegidos. Aunque carece de rango normativo vinculante, la Carta vincula a todos los operadores jurídicos y se integra en la práctica judicial como guía obligada de buenas prácticas y protección de derechos.
Principios fundamentales y estructura de la Carta
La Carta se organiza en torno a cuatro grandes apartados que persiguen una justicia transparente, cercana y eficiente:
- Transparencia, información y atención: El ciudadano tiene derecho a recibir información general, comprensible y actualizada sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales, saber el estado de sus procedimientos y obtener respuesta a sus quejas o sugerencias. Se fomenta la creación de Oficinas de Atención al Ciudadano en toda España, así como la difusión visible de horarios y procedimientos. Asimismo, existe la garantía de que las resoluciones judiciales y los documentos se expresen en lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos innecesarios y facilitando la comprensión general del proceso judicial.
- Tutela de los colectivos más vulnerables: La Carta presta especial protección a víctimas de delitos (y, en particular, de violencia de género y doméstica), menores, personas con discapacidad y personas extranjeras o migrantes. Se establecen medidas para asegurar un trato digno y accesible, eliminando barreras físicas o comunicativas y asegurando el respeto de derechos específicos en situaciones de vulnerabilidad.
Relaciones con abogados, procuradores y otros operadores jurídicos
La tercera parte de la Carta regula los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con abogados y procuradores. Se garantiza el derecho a una información previa y clara sobre el coste y el alcance de los servicios profesionales, así como a recibir asesoramiento gratuito de calidad cuando proceda la justicia gratuita. Los profesionales tienen la obligación de guardar secreto profesional y actuar con la máxima corrección deontológica. Este catálogo atiende especialmente a la protección del ciudadano durante la representación, defensa y asesoramiento en todo tipo de procedimientos.
Eficacia, exigibilidad y evaluaciones recientes
Aunque la Carta no tiene rango de ley, todos los jueces, fiscales, funcionarios, abogados, procuradores y personal al servicio de la justicia están obligados a respetarla y promover su cumplimiento. Los ciudadanos pueden exigir la observancia de estos derechos y presentar reclamaciones por su vulneración. Además, el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la Carta están encomendados a la Comisión de Justicia e Interior del Congreso y al propio Consejo General del Poder Judicial, que deben informar periódicamente de quejas, reclamaciones y sugerencias ciudadanas. En 2025, la digitalización y la accesibilidad han sido identificadas como retos y prioridades para reforzar el grado de cumplimiento real de estos derechos, poniendo especial énfasis en la transparencia y en la atención a la diversidad.
En conclusión, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia constituye un marco esencial para la protección efectiva y la modernización de la justicia, garantizando la dignidad, la información y la participación ciudadana ante el sistema judicial español.
¡Únete a Test Justicia y prepara tus oposiciones a Auxilio Judicial y Tramitación Procesal!